En los últimos días estamos viviendo una importante caída en el precio del petróleo, diferencia en el precio que no se ve reflejada con la misma intensidad en el precio de los carburantes. Pues bien, precisamente en estos días ha sido ha aprobada la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos por el Consejo de Ministros.

Esta medida pretende lograr una mayor eficiencia, competencia y liberalización del sector de hidrocarburos mediante la adopción de diversas medidas.

Entre las medidas tomadas, destacan  aquellas destinadas a fomentar la competencia en el sector del gas natural, creando un mercado organizado para lograr precios más competitivos y transparentes. Gracias a ello se facilitará la entrada de nuevos comercializadores incrementando la competencia en el sector, beneficiando de esta manera a los consumidores

Por otro lado se posibilita que cualquier instalador de gas natural habilitado pueda realizar la inspección de las instalaciones al contrario que en la actualidad, ya que sólo podían realizar las inspecciones los distribuidores. Además se fomenta la entrada de nuevos comercializadores mediante el reconocimiento mutuo de licencias con terceros países.

En este texto legal se introducen novedades en cuanto a la tributación en materia de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos creando un nuevo impuesto sobre el valor de la producción de hidrocarburos de manera que las rentas económicas derivadas de los yacimientos de hidrocarburos reviertan también en el conjunto de la sociedad. También se establece una compensación a los propietarios de los terrenos situados sobre el yacimiento, en función del valor de la producción anual.

Finalmente entre las medidas tomadas se obliga a los comercializadores a granel a suministrar a todos los consumidores que lo soliciten, siempre que se encuentren en su misma provincia de actuación. Además se añade una nueva garantía para los consumidores ya que para poder ejercer la actividad de operador al por mayor de carburantes se exige depositar una fianza, que podrá ser ejecutada en caso de incumplimiento o fraude.

Pese a que aún le resta un amplio recorrido a este Proyecto de ley hasta ser texto legal vigente es una muy buena iniciativa  que puede revertir beneficios a los consumidores y empresas.